30 de octubre de 2012 |
Profundización del latrocinio
Atornillado por seis años más en el poder, Hugo Chávez, tal como lo ratificó al día siguiente de su victoria, continúa y profundiza su proceso revolucionario. Un proceso que se escribe para la historia a punta de férreos controles sobre todo tipo de actividad productiva, ejercidos mediante estatizaciones, nacionalizaciones, recuperaciones, confiscaciones o como apetezca llamar el Gobierno al latrocinio que ejerce sobre las empresas privadas venezolanas.
El balance de esta década de rapiña, que comenzó en 2002 y fue institucionalizada en el Primer Plan Socialista 2007-2013, contabiliza 1.168 empresas que abarcan sectores de la construcción (41%), agroindustrial (24%), petrolero (19%) y comercial (6%), entre otros.
Entre los afectados de esta renovada arremetida expropiatoria contra la propiedad se cuenta la empresa Siderúrgica del Turbio (Sidetur). Ésta es una subsidiaria de Empresas Sivensa, dedicada desde hace más de 60 años a la transformación de chatarra y palanquilla en cabillas y otros productos de acero, incluso antes de que se concibiera Siderúrgica del Orinoco.
Hace dos años (2 de noviembre de 2010) Hugo Chávez decretó, de forma unilateral y exclusiva, el control administrativo y operacional de Sidetur, dentro de su escalada de estatizaciones de empresas estratégicas. Con este paso el Gobierno se hizo del control de 85,3% del mercado de las cabillas, insumo primordial para la industria de la construcción.
Ahora, este lunes 29 de octubre, la directiva de Sidetur en comunicado público informa a sus trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y opinión pública que el Ministerio del Poder Popular de Industrias, procedió a ocupar "los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que conforman las seis (6) plantas industriales y los quince (15) centros de recolección de chatarra propiedad de esta empresa y sus filiales"; y adicionalmente "ordenó la transferencia de la totalidad de los fondos depositados en las cuentas bancarias de Sidetur a una cuenta de la empresa estatal Complejo Siderúrgico Nacional, S.A."
Esta medida está fuera de la legalidad ya que hasta ahora no se ha finalizado el procedimiento de Ley para concretar la expropiación decretada en 2010 y sin haberse pagado el justiprecio por la expropiación. Además, aclara el comunicado, esta "toma administrativa y operativa de la sociedad mercantil Sidetur es ilegal, pues el Decreto Expropiatorio solo afecta las instalaciones industriales y no a Sidetur como tal y, menos aún, a las cantidades de dinero depositados en las cuentas de la compañía". Igual de grave es que estos recursos son los fondos destinados a atender "los compromisos laborales y financieros de Sidetur con sus más de 1.800 trabajadores directos y proveedores", los cuales pasarán a formar parte de los miles de trabajadores que el Gobierno mantiene en vilo con el impago de sus deudas laborales.
Mientras este despojo de propiedades y derechos laborales de trabajadores se profundiza, las empresas básicas del Estado (entre ellas, la hace cinco años nacionalizada SIDOR) en manos de la revolución "bonita" son llevadas inexorablemente por la desinversión, falta de mantenimiento, mala gerencia y corrupción hacia el colapso financiero, operativo y productivo.
