Lo avasallante de su dominación remite a una experiencia desconocida en setenta años
En la Convención Federal de 1787, mientras se discutían los fundamentos de la unión americana, abundaron las voces contra el establecimiento de un fuerte Ejecutivo unipersonal que podía degenerar en autocracia. Edmond Randolf habló del "feto de una monarquía" para descalificar los intentos de conceder al Jefe del Estado una autoridad que se prolongara a través del tiempo. Lo secundó Benjamín Franklin, quien aprovechó las palabras para suplicar a los convencionales que evitaran la gestación del "feto de un rey". Desoyendo sus opiniones, la asamblea estableció lapsos presidenciales de cuatro años con la posibilidad de reelecciones sin límites, quizá pensando en cómo ninguno de los padres fundadores tenía entre sus planes la posesión de un cetro. George Washington, en efecto, sólo aceptó dos mandatos consecutivos para retirarse después a sus propiedades de la manera más sencilla del mundo. La conducta fue imitada por sus sucesores hasta 1940, cuando la quiebra de los mercados y el incremento de la miseria condujeron a la reelección de Franklin Delano Roosevelt hasta por cuatro veces sin solución de continuidad. Ocurren entonces groseras presiones ante el Congreso y actitudes de prepotencia reñidas con los usos republicanos, que aconsejan la aprobación, en 1951, de la XXIII enmienda constitucional que limita la reelección del primer mandatario de Estados Unidos a sólo dos períodos consecutivos de cuatro años.
La Constitución de 1999 concedió al presidente Chávez unos poderes que ni por asomo tuvieron sus antecesores desde la aprobación de la Carta Magna de 1961. Gracias a la legalidad concedida por la Constituyente de turno, acumuló en su persona un conjunto de atribuciones desconocido desde los tiempos de Gómez o Pérez Jiménez. Si a tal depósito de prerrogativas se agregan aquellas provenientes de factores extralegales, lo avasallante de su dominación remite a una experiencia desconocida en los últimos setenta años. De acuerdo con el texto constitucional, el Presidente tiene la capacidad de crear nuevos ministerios según su antojo, o de reorganizarlos junto con el resto de los órganos de la administración pública sin consulta ante otros ramos del poder. Puede, además, intervenir en la marcha de los estados que forman la república mediante las decisiones de un Consejo Federal de Gobierno coordinado por el Vicepresidente Ejecutivo e integrado por un grupo de ministros. Puede, además, de acuerdo con su exclusivo parecer, determinar los ascensos de los oficiales de la Fuerza Armada que antes se tramitaban ante la Cámara del Senado hoy desaparecida. Puede, además, orientar la marcha de la Fuerza Armada hacia actividades de auxilio social y fomento económico que no contemplaba la legislación durante el período de la democracia representativa.
Aparte de las ventajas establecidas por la Constitución de 1999, cuenta el Presidente con un grado de impunidad que sólo puede registrarse en períodos anteriores a 1958. No sólo ha creado herramientas de control y proselitismo político que las leyes le prohíben, como el pionero Plan Bolívar 2000, como los Círculos Bolivarianos, los Batallones Electorales y en breve los Consejos Comunales; sino que también ha gobernado sin el control de los organismos de fiscalización y revisión dispuestos en la letra muerta de las normas. La Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Contraloría General no han cumplido su rol de custodios del erario, de rectificadores de procesos desordenados de administración y de perseguidores de la corrupción, omisión en la que pueden acompañarlos con comodidad el Tribunal Supremo de Justicia y los apéndices del Poder Judicial. De allí la extralimitación de fundar un ejército "socialista" sin sustento lícito. Podían todos colocar sin rubor en el membrete de sus comunicaciones, imitando a los gobernadores y alcaldes rastacueros, el siguiente rótulo caracterizado por la sinceridad: "Con Hugo Chávez, un solo gobierno".
De lo cual se colige cómo no corre ahora Venezuela el riesgo de gestar un "feto de la monarquía" cuya amenaza prevenía a los políticos estadounidenses en 1787. El monarca tropical existe desde su ascenso al trono en 1998, ya es una criatura enfática y evidente, una augusta presencia, una majestad con corte sumisa y guardianes solícitos. Pero quiere seguir engordando en el solio hasta cuando lo muevan los resortes de su peripecia personal, según se desprende de la reforma que ha planteado para el establecimiento de su continuismo y tal vez de su dinastía. Un maravillo reestreno, después de que le ganáramos una vieja pelea a Fernando VII. Sin embargo, falta saber si el pueblo se postra definitivamente ante una corona vil.
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